En el mes de junio del año pasado dediqué una de mis cartas semanales a la nueva área de Educación para la Ciudadanía, la nueva asignatura que desde el curso pasado estudian obligatoriamente todos los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato en Andalucía y en otras Comunidades Autónomas, y que en el presente curso se generaliza en toda España.
A lo largo de este año no pocos padres cristianos, preocupados por la educación de sus hijos, han acudido a mí en demanda de orientación sobre este grave asunto. Escribo estas líneas con el propósito de ayudar a éstas y a otras muchas familias de nuestra Diócesis que se preguntan cuál debe ser su actitud responsable. Quiero recordar que la introducción de la nueva área en los planes de estudio se aprobó en su día por un escaso margen de votos y, por tanto, sin el consenso deseable en un tema de tanta trascendencia.
Los patrocinadores de la nueva signatura, que es evaluable, seguramente han tenido en cuenta la situación de una parte de nuestra juventud, sumida en el nihilismo, víctima en muchos casos de una grave anemia de valores, que se manifiesta en el fracaso escolar, en conductas inciviles e insolidarias y en comportamientos violentos en la escuela e, incluso, en el seno de la familia. Para tratar de remediar esta situación, han optado por incluir en el currículo académico de los alumnos la enseñanza de un “mínimo común ético”, aséptico y neutral, susceptible de ser aceptado por todos.
La realidad, sin embargo, es muy distinta. La nueva asignatura no se limita a enseñar los principios constitucionales y las normas elementales de convivencia. Trata de imponer una cosmovisión, un código moral y una propuesta ética concreta, que en muchos casos no coincide con las convicciones de los padres, los primeros responsables de la educación de sus hijos. La formación de la conciencia moral no es competencia del Estado, que no puede imponer a los niños y jóvenes un sistema moral determinado. Los criterios que guían estas enseñanzas son los propios del relativismo y de la llamada ideología de género. Lo que el Papa Juan Pablo II llamó la verdad del hombre en la encíclica Veritatis Splendor no juega papel alguno en la nueva área porque, para el relativismo, la verdad propiamente no existe. Cada uno tiene su verdad. Tampoco existe la ley natural ni normas morales absolutas. La única norma la dicta la conciencia individual autónoma, la Constitución, las leyes aprobadas por las mayorías parlamentarias, las Declaraciones de los Derechos Humanos y los Tratados Internacionales.
Nuestra Conferencia Episcopal y un gran número de asociaciones interesadas por el futuro de la sociedad y de la familia han formulado un juicio muy severo de esta nueva área, que hago mío por entero. La inclusión en los planes de estudio de la llamada Educación para la Ciudadanía como materia obligatoria conculca el derecho primordial, insustituible e inalienable de los padres a determinar el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos, derecho amparado por la Constitución Española en el artículo 27,3.
En la nueva signatura figura, como verdad indiscutible, el concepto de homofobia, bajo el cual, como afirmó la Comisión Permanente de nuestra Conferencia Episcopal en febrero de 2007, “se esconde una visión de la constitución de la persona más ligada a las llamadas orientaciones sexuales que al sexo”. Esto quiere decir que la identidad de la persona como varón o mujer no la marca la naturaleza, sino que es fruto de una elección personal, estando en nuestra mano la posibilidad de elegir ser hombre o mujer, homosexual o heterosexual.
Por desgracia, con la nueva asignatura no se van a atajar los problemas de los jóvenes, sino que se van a ahondar más. Como afirma la Conferencia Episcopal, “no es éste el modo adecuado de salir al paso de la necesidad apremiante de una formación integral de la juventud para la convivencia en la verdad y la justicia, con actitudes positivas que contribuyan a la creación y consolidación de la paz en las familias, las escuelas y la sociedad”. Todos deseamos que la escuela forme ciudadanos libres, conscientes de sus deberes y de sus derechos, verdaderamente críticos y respetuosos con los demás. Pero eso no se logra por el camino del relativismo moral y de una ideología que desestructura la identidad personal.
Por ello, me remito al juicio global que emite la nuestra Conferencia al afirmar que “esta Educación para la Ciudadanía… es inaceptable en la forma y el fondo: en la forma, porque impone legalmente a todos una antropología que sólo algunos comparten y, en el fondo, porque sus contenidos son perjudiciales para el desarrollo integral de la persona”. Por ello, “los padres harán muy bien en defender con todos los medios legítimos a su alcance el derecho que les asiste de ser ellos quienes determinen la educación moral que desean para sus hijos”.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
Juan J. Asenjo. Obispo de Córdoba.
